Actualidad Kurda/ Nieves I. – El pasado 25 de Mayo Leyla Zana, diputada kurda en Turquía, ha sido condenada por un tribunal turco a diez años de cárcel por sus comentarios «apologéticos» sobre Abdullah Öcalan, el encarcelado líder del PKK, efectuados en diferentes discursos en los años 2007-2008. Zana está acusada de «crimen cometido en nombre de una organización ilegal a pesar de no ser miembro de ella» y «hacer propaganda de una organización ilegal”. Leyla Zana es una respetada activista, premio Sajarov del Parlamento Europeo en 1998 y nominada al Nobel de la Paz, y una figura política de primera fila en el movimiento kurdo. De 1994 a 2004, la parlamentaria electa, pasó esos diez años en las cárceles turcas.
Este tipo de condenas no son extrañas en la “democrática” Turquía, dos semanas antes, en Diyarbakir, fueron condenadas 10 personas (a más de 170 años en conjunto) por pertenencia al KCK, el KCK se supone que es el ala civil / política del grupo kurdo PKK, considerado fuera de la ley y, por tanto, también serìa èsta una organización ilegal.
El 14 de abril de 2009 comenzaron una serie de operaciones policiales mencionadas en la prensa como las «operaciones de KCK» y 151 personas fueron detenidas en la base de presuntos vínculos con organizaciones ilegales. Estas personas incluyen abogados, alcaldes, políticos, sindicalistas y activistas de derechos humanos. Recientemente están siendo llevadas a juicio juntos en Diyarbakir, Turquía. Pero lo que no deja de ser curioso es que esa “operación” de detenciones y redadas, comenzó 15 días después de que el partido pro- kurdo BDP (Partido por la Paz y la Democracia) ganara las elecciones en 50 localidades, siendo muchos de sus miembros detenidos y acusados de pertenecer a estas organizaciones ilegales.
El juicio en relación con las operaciones de KCK comenzó en octubre de 2010 y muchos de los acusados habían estado bajo custodia por un período de 18 meses. Mucha de la evidencia aparente para las detenciones había sido obtenida mediante espionaje telefónico, y había una falta de claridad con respecto a los cargos exactos, y la base para tales cargos. Las posibles sentencias de cárcel para las personas detenidas van de 15 años a cadena perpetua si son halladas culpables.
Tanto el momento de las detenciones, el número de las mismas, su prolongada detención, los medios cuestionables de recopilación de pruebas,… hacen muy viable la sospecha de que dichas acusaciones no son por violaciones a la ley si no claramente por motivos políticos. Lo que a su vez pone en cuestión la democracia en Turquìa y por supuesto la actitud del Estado hacia una solución política de la cuestión kurda.
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