Manuel Martorell / Cuarto Poder – Cuando en la noche del 12 de junio se conocieron los resultados de las elecciones en Turquía, dio la impresión de que se abría la puerta a la esperanza para resolver los dos principales problemas del país: la reforma constitucional y el conflicto kurdo. Hoy, apenas dos semanas después, nos encontramos ante el peor de los escenarios posibles: una crisis política sin precedentes y un clima de guerra que no se vivía desde hacía tiempo.
Cartel de la diputada encarcelada Selma Irmak. / Fotos del Bloque del Trabajo, la Democracia y la Libertad¿El motivo? La negativa de los tribunales especiales y, sobre todo, del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales y de la Junta Electoral Central a reconocer la condición de parlamentarios a ocho candidatos en prisión provisional que fueron elegidos en las urnas. Seis pertenecen al Bloque del Trabajo, la Democracia y la Libertad, dos al CHP (Partido Republicano del Pueblo) y uno al Movimiento Nacional o MHP.
El desencadenante de la actual crisis está en la decisión de esa Junta Electoral Central de retirar el acta de diputado a Hatip Dicle, cabeza de lista por Diyarbakir y una de las figuras más prominentes del denominado bloque progresista, para dársela al partido del Gobierno, el AKP (Partido del Desarrollo y la Justicia). Después, vendría la decisión de varios tribunales de rechazar la libertad provisional de los parlamentarios electos. Tanto el Bloque como el CHP –principal partido opositor- decidieron boicotear este martes y miércoles la sesión de investidura del nuevo Parlamento, que transcurrió sin la presencia efectiva de 171 de sus 550 miembros. Sigue leyendo en el Cuarto Poder
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