La apertura de fosas comunes reabre el fantasma del GAL turco

Madres desconsoladas portan fotos de sus hijos desaparecidos y quieren saber su paradero / Foto: ABC

DANIEL IRIARTE / ESTAMBUL – Unas 5.000 personas, sobre todo militantes kurdos o de izquierda, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en la guerra sucia de los 90.

Cuando el pasado 6 de enero las excavadoras encontraron una fosa común con 12 cadáveres en un recinto militar en la provincia de Bitlis, en el sureste de Turquía, muchos defensores de los derechos humanos, activistas políticos y represaliados dieron un grito de júbilo. La investigación había permitido desenterrar los cuerpos de un grupo de adolescentes kurdos, presumiblemente ejecutados por el ejército, que los habría interceptado cuando éstos se dirigían a las montañas para unirse a la guerrilla kurda del PKK.

“En realidad, se llevan exhumando lugares como éste desde 2008. Pero es la primera vez que la fosa está en una zona militar, así que esta vez el Estado no puede negar que no está implicado. Por eso es tan importante”, explica a ABC Ihsan Kaçar, responsable de la Asociación de Derechos Humanos IHD en Estambul.
Sería la prueba, pues, de lo que todo el mundo sabe en Turquía, pero nadie admite: que durante décadas el llamado “Estado profundo” ha hecho desaparecer y ejecutado extrajudicialmente a los elementos que ha considerado subversivos, principalmente militantes kurdos o de izquierda, especialmente durante los años 90. Se desconoce el número exacto de víctimas de la “guerra sucia” en Turquía, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de unas 5.000 personas. Es probable que la cifra sea el doble de eso.
Torturados hasta la muerte
Como Ahmet Kaya, quien el 12 de enero de 1996 desapareció en el interior de una comisaría en la región de Sirnak, en el sureste del país. Había ido a buscar a su hermano Halit, arrestado por la gendarmería junto con el resto de su familia. A las mujeres y los niños los liberaron, pero Ahmet y Halit permanecieron detenidos. Se les acusaba de colaborar con el PKK.
“Tres días después el comandante llamó y dijo que fuésemos a recoger a nuestros hombres. Yo estaba en Estambul esos días, pero cuando mis parientes llegaron, se encontraron con que habían muerto bajo tortura, así que no nos los entregaron”, relata Emine Erbek Kaya, hija de Ahmet. “Taparon sus cabezas con bolsas de plástico y los ataron a la parte trasera de un coche que intentaron hundir en un río”.
De acuerdo con el testimonio de Emine, el chófer se habría negado a acatar órdenes, así como uno de los korucular (paramilitares kurdos al servicio del estado). Los mataron a todos. “Unos campesinos lo vieron todo. Cuando fui a la comisaría a pedir explicaciones, el comandante me amenazó con matarme, y luego me ofreció dinero por guardar silencio”, asegura Emine. “Al final dejaron a los muertos en un agujero en el suelo”, dice.
Contra elementos «peligrosos»
Pero la “guerra sucia” no sólo se ha hecho contra activistas kurdos, sino también contra elementos que el sistema considera “peligrosos”. ComoTolga Baykal Ceylan, que se había negado a hacer el servicio militar y “estaba en contra del sistema”, según relata su madre, Kariye. De acuerdo con su testimonio, Tolga fue arrestado y trasladado a la ciudad de Kirklarelli, cerca de Bulgaria, y desde ese momento está desaparecido. Corría el año 2004, el último en el que se produjeron este tipo de hechos.
Desde entonces, asegura Kariye, el estado ha hecho todo lo posible por convencerla de que su hijo salió de comisaría por su propio pie y está en algún otro lugar. Pero ella se niega a aceptarlo. “Seguiré luchando hasta el fin de mi vida para saber qué pasó con mi hijo”, afirma.
Las madres de los sábados
Emine y Kariye son miembros de las “madres de los sábados”, una asociación que desde hace década y media se reúne cada sábado en céntricas plazas de las ciudades más importantes de Turquía para preguntar por el destino de los desaparecidos. “Turquía aún no ha firmado la convención de derechos humanos respecto a los desaparecidos. Luchamos también por esto”, dice Kariye.
La mayoría de estas desapariciones y asesinatos “de autor desconocido” cabe atribuírselas al JITEM, el “GAL turco”. La existencia de esta sección especial antiterrorista de la gendarmería nunca ha sido admitida oficialmente, a pesar de la abrumadora abundancia de testimonios. Entre otros muchos, el del coronel retirado Arif Dogan, quien en 2010 aseguró ser el fundador de esta organización. Dogan está siendo juzgado por su participación en la presunta red golpista Ergenekon, que ahora mismo investiga la fiscalía turca.
“Nosotros no tenemos la responsabilidad de abrir las fosas, pero hemos recogido los testimonios de la gente local, y se las pasamos al fiscal”, dice Ilsan Kaçan, de la IHD. “Pero esto es una guerra sucia y la mayoría de las veces hay miembros de las fuerzas de seguridad envueltos, así que la judicatura no quiere implicarse en las investigaciones”, asegura.
Las oficinas locales del IHD aseguran que hay cientos de fosas más. “El Parlamento prometió hace unos años que establecerían una comisión investigadora, pero no se ha hecho”, se queja Kaçan. “No obstante, las fosas están ahí, en la superficie del suelo, y la gente de los pueblos lo ve. El estado tiene que investigarlo”, concluye.
Fuente: ABC
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