JON ABRIL, VICECOORDINADOR DE ARALAR
EL próximo 30 de octubre expira el alto el fuego unilateral decretado por el PKK, y no tendrá continuidad si el Gobierno turco sigue con su política represiva contra el pueblo kurdo. Un alto el fuego unilateral decretado hace catorce meses, que tras un breve cese el pasado mes de junio, tuvo una respuesta verbal positiva por parte del gobierno. Pero solamente verbal.
Y es que el gobierno de Erdogan viene desarrollando durante este último año una política represiva brutal contra el movimiento kurdo, del que se desprende, con total claridad, la intencionalidad absoluta de abortar cualquier proceso de paz. No se entiende, de lo contrario, que en el último año hayan detenido y procesado a más de 1.500 personas kurdas, relacionadas con movimientos pacifistas, culturales, lingüísticos, y sobre todo cargos públicos del BDP (partido mayoritario kurdo).
Tras la ilegalización del DTP, se constituyó el BDP, partido que reclama la utilización de las vías políticas y democráticas para la resolución del conflicto y que tiene entre sus prioridades la pacificación como eje principal de su actividad política, así como el reconocimiento del pueblo kurdo. De ahí su colaboración estable con Aralar. El BDP cuenta con una amplia representación parlamentaria (24 diputados en el Parlamento de Ankara), la mayoría de las principales alcaldías del Kurdistan bajo dominio kurdo y una ingente cantidad de concejales y militantes.
EHAce unos días dio comienzo en la capital kurda de Diyarbakir un juicio contra 151 dirigentes del movimiento kurdo: alcaldes, concejales, asesores, escritores, defensores de los derechos humanos y de ONGs. Su delito no es otro que hablar, escribir o impulsar la lengua y la cultura kurda; llevar a cabo políticas de desarrollo para el pueblo kurdo; y realizar un trabajo político.
El Gobierno turco, en cambio, viene desarrollando una política represiva, sin precedentes, contra el pueblo kurdo. Un pueblo, que además de la difícil situación política, sufre un ahogamiento económico continuo, ninguna política de desarrollo territorial ante unos índices de paro que superan el 60%.
Diferentes delegaciones internacionales hemos acudido al inicio de ese juicio para conocer de primera mano la situación política kurda, para mostrar nuestra solidaridad a los dirigentes encausados, y llevar la denuncia de la comunidad internacional.
El pueblo kurdo exige soluciones, no sólo al gobierno turco, sino también a la comunidad internacional. Y la solución pasa por el reconocimiento del pueblo kurdo como tal, de su lengua, de su cultura. Para ello piden un desarrollo autonómico, que les garantice un mayor autogobierno para el desarrollo territorial, cultural, lingüístico, económico y político. Algo a lo que se niega el gobierno de Erdogan, el más duro de las últimas décadas con la población civil, y con la clase política.
¿Es la integración de Turquía en la Unión Europea la solución para el pueblo kurdo? Incluso entre la población kurda existe disparidad de opiniones. Para unos, la entrada en la UE exigiría una mayor democratización de Turquía, por lo que facilitaría la pretensión de obtener una autonomía. Para otros, en cambio, la UE no debería de permitir el ingreso de Turquía, mientras no garantice por completo la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos de toda su población, incluidas todas las minorías. Conociendo los precedentes existentes en la UE, Europa no se implicará en la situación interna de ningún país. Es por ello, que la situación más conveniente para el pueblo kurdo es que la UE imponga unos severos condicionantes para aceptar el ingreso de Turquía en la UE. De lo contrario, el pueblo kurdo seguirá siendo minusvalorado y represaliado continuamente. Es ese papel el que nos corresponde jugar a ONGs, asociaciones, partidos políticos e instancias internacionales ante el gobierno turco. Ese, y el de la ayuda y la solidaridad continua al pueblo kurdo.
Fuente: noticiasdealava.com
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