
Por este motivo, este joven sirio de origen kurdo será juzgado por vía de urgencia el próximo 28 de junio y devuelto a su país si el juez acepta la petición fiscal, consistente en sustituir los tres años de cárcel solicitados por la expulsión. Según Angel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional, el Gobierno está obligado a respetar el “principio de no devolución” establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por el Estado español. De acuerdo con este tratado, no se puede entregar a nadie a su país si no existen garantías para la integridad física del detenido, como ocurre en este caso.
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Foto: El presidente del gobierno español Zapatero en una reunión con el presidente sirio Bashar Al-Assad.